La Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa (RLTL) sigue con preocupación los acontecimientos en la República Argentina en materia del derecho al acceso a la información pública y la transparencia de los actos gubernamentales. 

En el día de ayer, el Poder Ejecutivo Nacional modificó el decreto reglamentario de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública del año 2016, el principal pilar del marco normativo en materia de transparencia a nivel nacional en el país.

Esta nueva reglamentación –ya en vigencia– incluye una serie de cambios que restringen el acceso a documentos públicos, aumentan los márgenes de discrecionalidad y atentan contra las prácticas de transparencia activa y compromisos internacionales en materia de gobierno abierto. La misma acota el alcance y la definición de lo que constituyen tanto información como documentos públicos, y establece mayores causales de denegatoria por motivos de ‘seguridad’, así como requisitos para personas jurídicas que realizaran solicitudes de acceso. 

Una cuestión central es que amplía las excepciones previstas por la Ley estipulando que el Estado podrá también excusarse de brindar aquella información cuya difusión considere pudiera “directa o indirectamente, causar daños y perjuicios”. En esa línea, se ve habilitada también la posibilidad de que los responsables de los órganos garantes del AIP puedan iniciar acciones legales retaliatorias si consideran que hubo una vulneración al “principio de buena fe” por parte de un solicitante. 

Todo esto otorga amplios márgenes de discrecionalidad a las autoridades y vulnera el derecho de acceso a la información. Es por ello que desde la RLTL repudiamos dichas modificaciones, y llamamos al Poder Ejecutivo de Argentina a reconsiderarlas y entablar un proceso participativo y en conjunto con la sociedad civil y la ciudadanía ante eventuales cambios al ordenamiento jurídico. 

En un contexto político regional de crisis de representación de las instituciones democráticas, es fundamental que se fortalezca la transparencia gubernamental y el derecho de acceso a la información pública para generar mayor confianza de la ciudadanía. Modificaciones de este estilo atentan contra estos esfuerzos e implican un retroceso en la materia en la República Argentina.