El jueves 20 de marzo, el legislativo aprobó  la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deroga el anterior marco regulatorio en la materia. La ley concretó la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), como un organismo independiente, autónomo y especializado, que tenía la tarea de garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales y que era un referente en la región.

Para asegurar su independencia, el INAI contaba con autonomía constitucional, funcional y financiera. Sus decisiones eran tomadas de manera colegiada por un pleno de siete personas comisionadas designadas por el Senado.

El INAI, como coordinador del Sistema Nacional de Transparencia —instancia de coordinación y cooperación que también desaparece—, generaba políticas nacionales de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Además, promovía la digitalización de la información pública y resolvía recursos de revisión interpuestos por la ciudadanía inconforme con las respuestas a solicitudes de acceso a la información. También atendía inconformidades desde el ámbito local mediante la atracción de recursos, aplicaba sanciones, brindaba asistencia técnica y aseguraba un mismo estándar de acceso a nivel nacional.

En el nuevo marco legal, parte de las funciones del extinto INAI se transfieren a Transparencia para el Pueblo, un órgano desconcentrado de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, instancia del Poder Ejecutivo federal. Para los otros dos poderes y órganos autónomos, la ley habilita a sus contralorías y órganos internos de control para que cumplan las funciones de acceso a la información. Lo anterior genera cuestionamientos respecto a la imparcialidad e independencia de sus decisiones, pues el gobierno se supervisará a sí mismo. 

En el ámbito subnacional, una vez que los congresos estatales modifiquen sus marcos normativos, se extinguirán los órganos garantes locales. La revisión de solicitudes denegadas quedará a cargo de las contralorías locales del mismo poder, lo que cuestiona su imparcialidad y podría generar procesos más complejos para las personas  para intentar acceder a dicha información. En general, la multiplicidad de actores que ahora estarán encargados de resolver impugnaciones genera asimetrías en el acceso.    

La reforma también introduce regresiones en el acceso a la información. Se amplían las causales de reserva y se introducen  términos como ‘paz social’ o ‘daño al interés del Estado’, lo que podría permitir restricciones discrecionales en el acceso a documentos. Además, se establece que la información sobre posibles actos de corrupción se entregará siempre que estos hayan sido “acreditados”, lo que representa un retroceso respecto al marco anterior derogado.   

El nuevo marco disminuye el estándar de máxima publicidad al establecer que la información del gobierno será accesible solo si está debidamente “documentada”, lo que podría desincentivar el registro de decisiones gubernamentales. Además, elimina la obligación de documentar ciertos actos del gobierno y flexibiliza las responsabilidades de los sujetos obligados.

A lo largo de los años, México ha sido un referente para la región latinoamericana en términos de legislación sobre transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. Sin embargo, este retroceso en la reforma representa no solo un golpe legal, sino también un significativo revés simbólico y material para los avances en la región.

Por todo lo expuesto, desde la RLTL hacemos un llamado a los tres poderes (federales y locales) a respetar, proteger y asegurar el acceso a la información pública como un derecho humano fundamental. Así como el de generar y garantizar los mecanismos con imparcialidad, integridad, independencia y estándares de apertura que salvaguarden el derecho a saber. Asimismo, pedimos garantizar el acceso a la información de más de 15 millones de registros que están actualmente en la Plataforma Nacional de Transparencia y exhortar a que las nuevas autoridades se conduzcan con integridad y procuren los estándares mínimos de apertura.