Declaraciones juradas abiertas en Argentina
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En un esfuerzo conjunto de tres organizaciones de la sociedad civil, dos de ellas pertenecientes a la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa, Fundación Directorio Legislativo y Poder Ciudadano y el diario La Nación, se presentó el primer sitio de declaraciones juradas con la información patrimonial histórica de funcionarios de los tres poderes nacionales y de los principales candidatos de las elecciones de octubre.

En esta primera etapa, se podrán consultar más de 600 declaraciones juradas de 260 funcionarios con información pública sobre propiedades, rodados, créditos, títulos y acciones.

Si bien, por ley, se trata de información pública, no es tan abierta para cualquier persona que quiera acceder a ella.

“Tenemos mucha información del Congreso de los últimos doce años que fuimos guardando. Esta iniciativa nos permite mostrarla de una manera interactiva y que llegue a más personas”, aseguró María Baron, directora ejecutiva de Directorio Legislativo.

“En estos doce años desde que empezamos a buscar la información, hemos tenido distintas respuestas, unas más positivas que otras. Sin embargo, siempre dependemos del presidente de la Cámara que está en funciones ya que no hay ningún tipo de normativa interna del Congreso que establezca la publicidad de las declaraciones”, señaló Noel Alonso Murray, directora general de Directorio Legislativo.

Declaraciones Juradas Abiertas es una iniciativa que contribuye a transparentar los bienes de funcionarios públicos de los tres poderes de modo sencillo y accesible para la ciudadanía.

Por último, cabe resaltar que  esta iniciativa nace en un marco político particular, ya que una resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación establece un nuevo régimen para la presentación de las declaraciones juradas, donde se omite el acceso a la información patrimonial de cónyuges e hijos de los funcionarios, y se deben declarar montos totales sin desagregar la información (explicitar detalle) , por ejemplo en las acciones de empresas de las cuales son titulares los funcionarios públicos.