El pasado 18 y 19 de noviembre se desarrolló el Encuentro Regional de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés), donde gobiernos y organizaciones de la sociedad civil se reunieron para mostrar los avances en sus planes de acción y futuro de la Alianza a 3 años de su constitución. Además, se desarrollaron paneles y exposiciones sobre diversas temáticas que hacen a la apertura del gobierno, como transparencia en el financiamiento de las campañas o participación ciudadana, como así también en el financiamiento de las organizaciones y estrategias para su accionar.

Luego, las OSCs elaboraron un comunicado que firma la RLTL y varias de sus organizaciones a modo particular, que reproducimos aquí debajo:

OGP: Propuestas de la Sociedad Civil

 Los miembros de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, y capítulos de la red de Transparency International de América Latina, así como las  organizaciones y personas abajo firmantes, reconocemos la importancia de la iniciativa de OGP como un espacio que facilita el diálogo entre los gobiernos y la sociedad civil.

Sin embargo, vemos con preocupación que este diálogo no se haya traducido en avances significativos y concretos para empezar a convertir el ideal de gobierno abierto en una realidad.

Consideramos que a tres años de iniciada esta iniciativa es un momento decisivo para introducir cambios.

Comprendemos que los estándares de ingreso sean amplios para permitir la participación de la mayor cantidad posible de países. Ahora bien, creemos que las calificaciones de elegibilidad requieren ser revisadas y debe llevarse a cabo una estricta evaluación cuyos resultados se apeguen a la realidad. Esto incluye analizar los contenidos de los índices que se están utilizando y la verificación de los datos con la sociedad civil local. Asimismo, los criterios de permanencia en OGP deben ser más rigurosos y la evaluación tiene que hacerse a la luz de los principios de no regresión y progresividad, y los países que no los respeten deben ser sancionados, llegando eventualmente a la expulsión.

 Creemos que debe hacerse explícito que el objetivo de OGP es acercar los gobiernos a las personas, poniendo énfasis en garantizar un real respeto de los derechos fundamentales y niveles cada vez más altos de calidad de vida.

 Por esto,  estamos convencidos que un primer requisito ineludible es contar con normas jurídicas que garanticen un real y efectivo acceso a la información pública, adecuadas a los estándares del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

Del mismo modo, se observa una gran desigualdad entre el rol del gobierno y el de la sociedad civil en la convocatoria y elaboración de los planes de acción y en su implementación. Es importante, en consecuencia, una acción más eficiente del Support Unit y del Steering Committee para contribuir a garantizar la co-creación de los planes de acción, así como una participación paritaria Estado-Sociedad Civil durante todo el proceso de implementación, lo cual requiere apoyar el fortalecimiento de la sociedad civil en los países miembros de OGP.

 Creemos, que la consideración y atención de estos temas servirán para incentivar el diálogo entre las instancias de dirección y las bases del movimiento por un Gobierno Abierto.

ORGANIZACIONES:

Artículo 19 – Brasil

Asociación por los Derechos Civiles  (ADC) – Argentina

Asociación Nacional de la Prensa (ANP) – Bolivia

Asociación por una Sociedad más Justa – Honduras

Acción Ciudadana (AC) – Guatemala

Alianza Regional por la Libre Expresión e Información

Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) – El Salvador

Centro de Archivos y Acceso a la Información (CAINFO) – Uruguay

Centro de Estudios Ambientales y Sociales CEAMSO – Paraguay

Chile Transparente

Ciudadano Inteligente – Chile

Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE) – Honduras

Consejo Nacional de Periodismo (CNP) – Panamá

Consejo de la Prensa Peruana – Perú

Costa Rica Integra – Costa Rica

Directorio Legislativo – Argentina

Espacio Público – Venezuela

Fundación Ciudadanía y Desarrollo – Ecuador

Fundación Construir – Bolivia

Fundación Democracia sin Fronteras (FDSF) – Honduras

Fundación para la Libertad Ciudadana – Panamá

Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) – Colombia

Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) – El Salvador

Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) – Nicaragua

Fundamedios – Ecuador

FUNDAR – Centro de Análisis e Investigación – México

Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) – Paraguay

Instituto de Prensa y Libertad De Expresión (IPLEX) – Costa Rica

Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) – Perú

Observatorio Legislativo – Ecuador

Participación Ciudadana (PC) – República Dominicana

Poder Ciudadano – Argentina

Pro Acceso – Chile

Pro Etica – Perú

Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa

Semillas para la Democracia – Paraguay

Transparencia Por Colombia

Transparencia Venezuela

Visión Legislativa – México

 

A TITULO PERSONAL:

Karina Banfi