Normatividad:
A partir del potencial poder transformador que tiene el derecho sobre las prácticas institucionales y la cultura política, se considera como primer elemento el reconocimiento de un criterio normativo. Esto es, el establecimiento de un conjunto de normas aplicables a una determinada materia o actividad. Dicho conjunto sirve para referirse a distintos tipos de normas jurídicas como son las leyes, reglamentos, acuerdos, decretos, bases, lineamientos, criterios etc.
Resultados:
En la dimensión de normatividad son Perú y México los Congresos que alcanzan los estándares más altos, sin embargo se encuentran a 24% y 29% del umbral óptimo. El Congreso chileno se encuentra en el tercer lugar en ésta dimensión con 38% de distancia hasta el máximo posible. Finalmente Colombia y Argentina obtienen los puntajes más bajos, en el primero apenas sobre la mitad de los indicadores evaluados, y en el caso de Argentina con tan sólo 38% de cumplimiento con los requisitos, lo que coloca al Congreso argentino en la dimensión de normatividad a 62% de distancia del óptimo.
Labor Legislativa:
Este criterio agrupa la esencia funcional del Congreso y concentra la naturaleza del quehacer legislativo, desde el trabajo individual de los legisladores hasta su comportamiento en bancadas, comisiones regulares y específicas. Implica que la transparencia de los actos legislativos debe atenerse a la máxima publicidad en todos los protocolos y manejos políticos celebrados, dentro y fuera del Congreso. Las excepciones y salvaguardas deben estar suficientemente justificadas, por ejemplo, cuando se interponen con aspectos de seguridad y otras reservas que podrían obstaculizar el trabajo legislativo.
Resultados:
En la dimensión que evalúa la labor legislativa pueden establecerse dos cosas: i) todos los legislativos evaluados superan el 60% pero ninguno llega a superar el 70%; y ii) aún cuando las evaluaciones son similares queda claro que queda mucho por trabajar para que los indicadores de esta dimensión se acerquen al óptimo pues no llegan ni a un máximo aceptable.
Presupuesto y Gestión Administrativa:
El conocimiento de cómo se ejercen los recursos dentro del Congreso y la forma en que son gestionados es fundamental para incentivar la eficiencia, el combate a la corrupción y la adopción de mejores prácticas contables. En este criterio se abarca el uso de los recursos financieros y humanos; de ahí se desprendieron reactivos para clarificar la información sobre el modo en que se ejerce el presupuesto legislativo y los controles internos para su correcta aplicación, como por ejemplo: las remuneraciones, licitaciones, el gasto de los grupos parlamentarios/bancadas, asignación de obras, compra de materiales o vehículos, por citar algunos.
Resultados:
Aquí encontramos grandes contrastes pues mientras los legislativos de México, Perú y Chile consiguen evaluaciones superiores al 50% -aunque muy lejanas del óptimo -, en el caso de Argentina y Colombia, existen dos grandes brechas para alanzar el óptimo esperado.
Atención y Participación Ciudadana:
En este criterio se integran los medios de atención, vinculación y participación con la ciudadanía, desde la previsión de mecanismos para tramitar solicitudes de información por canales adecuados y de fácil acceso, hasta los medios utilizados por los propios Congresos para acercarse a la ciudadanía. Este rubro mide la facilidad del acceso al sitio de Internet de cada Congreso Nacional y los mecanismos electrónicos existentes, para que la ciudadanía pueda ponerse en contacto con sus legisladores sin la necesidad de trasladarse a la sede del Legislativo.
Resultados:
Nuevamente encontramos amplios contrastes, pues mientras los poderes legislativos de México y Chile rondan un 70% de satisfacción de los criterios, Perú apenas consigue la mitad de la puntuación optima y bastante detrás, Colombia (47%) y Argentina (27%) muestran un rezago significativo en el tema.