La Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa (RLTL) manifiesta su preocupación por la reciente sanción del proyecto de Ley de Protección de Datos Personales por parte del Congreso Nacional del Paraguay. La norma, en su redacción actual, afecta directamente la aplicación de la Ley 5282/14 de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental, una herramienta clave para el control ciudadano y la rendición de cuentas en el país.

La Ley 5282/14, resultado de un amplio consenso ciudadano y político en su momento, ha sido la herramienta legal que ha permitido a la ciudadanía, periodistas y organizaciones de la sociedad civil ejercer control sobre los actos de gobierno y detectar casos de corrupción. Ha garantizado el acceso a información que obra en poder del Estado, como ser el uso de recursos públicos, salarios de funcionarios, contratos estatales, declaraciones juradas y personas que se reúnen con funcionarios, constituyendo un avance crucial para la cultura de la transparencia en la última década.

El artículo 24 de la nueva ley introduce una disposición que permite denegar o limitar el acceso a información contenida en fuentes públicas cuando se considere necesario para “evitar un perjuicio concreto a la protección de intereses privados inherentes a los datos personales”. Este mecanismo restringe el principio de máxima publicidad establecido en la Constitución Nacional y en la propia Ley 5282/14, al priorizar el interés individual del titular de la información sobre el interés público de la transparencia.

En la práctica, esta disposición invierte la carga del principio de máxima publicidad. Más grave aún, crea un procedimiento burocrático que permite a las entidades públicas notificar a los titulares de los datos y darles la oportunidad de oponerse a la entrega de la información. Esto otorga a los funcionarios la potestad de vetar el acceso a información pública que les concierne, desnaturalizando el derecho a saber y convirtiéndolos en juez y parte del proceso, lo que genera un evidente conflicto de interés.

Diversos sectores académicos, organizaciones de la sociedad civil y ex legisladores han advertido que esta disposición contradice el principio de publicidad de los actos de gobierno y podría ser incompatible con los estándares internacionales en materia de acceso a la información, establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

La RLTL observa, además, que esta reforma se produce en un contexto de modificaciones institucionales y normativas que han reducido las capacidades de control y fiscalización en Paraguay, afectando los mecanismos de prevención de la corrupción y la transparencia activa del Estado. Entre estas medidas se incluye la eliminación de la Secretaría Anticorrupción, el debilitamiento de otras leyes de control, como la de conflicto de intereses, y la aprobación de la Ley N.º 7.363/2024, “Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL)”, que limita las capacidades de la sociedad civil para ejercer su rol de vigilancia y rendición de cuentas frente al poder público.

La Ley 5282/14 de Paraguay ha sido considerada un referente en la región por su robustez. Este retroceso representa no solo un golpe legal, sino también un significativo revés simbólico y material para los avances en transparencia y rendición de cuentas en Latinoamérica.

Por todo lo expuesto, desde la RLTL hacemos un llamado urgente al Poder Ejecutivo, en cabeza del Presidente Santiago Peña, a vetar total o parcialmente la Ley de Protección de Datos Personales, en particular su artículo 24, a fin de garantizar la plena vigencia del derecho de acceso a la información pública y la aplicación efectiva de la Ley 5282/14. Es imperativo respetar el derecho humano fundamental a saber y garantizar los mecanismos de imparcialidad e independencia que salvaguardan el acceso a la información pública, en lugar de crear escudos para el secretismo.

La RLTL reafirma su compromiso con la promoción de marcos normativos que compatibilicen la protección de datos personales con la transparencia pública, y reitera que ambos derechos deben coexistir sin que uno limite indebidamente al otro, conforme a los principios constitucionales y a los estándares internacionales de gobierno abierto. Asimismo, expresa su disposición a colaborar con las autoridades y la sociedad civil paraguaya para asegurar que la regulación en materia de datos personales se ajuste a los principios de transparencia, rendición de cuentas y respeto a los derechos fundamentales.